Las imputaciones fueron por abigeato, robos, tenencia indebida de armas, contravenciones e infracciones a leyes provinciales y nacionales de protección y conservación de la fauna y la flora silvestres, así como violaciones a disposiciones de SENASA, ASSAL y AFIP. Estas imputaciones se dieron en el marco de 5.633 procedimientos positivos realizados por la fuerza policial en toda la provincia.
Entre las intervenciones realizadas, se destaca el decomiso de 12.284 kilos de diferentes tipos de carnes, por incumplir con el artículo 206 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece penas de prisión de 1 a 6 meses para quien viole las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. Por estos delitos, fueron imputadas 64 personas en el último año.
Asimismo, por contravenciones se secuestró un total de 406.860 kilos de cereal y 17.195 animales, en el marco de 796 intervenciones. Además, los agentes secuestraron 226 armas de fuego y 1.799 municiones, por las que fueron imputadas 214 personas por tenencia indebida de las mismas.
PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y LOS BOSQUES
En el marco del cumplimiento de la Ley Provincial 4.830, que prohíbe la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la provincia, así como el tránsito, comercio e industrialización de sus cueros, pieles o productos, en el último año la Guardia Rural Los Pumas realizó 1.966 procedimientos y decomisó 1.454 animales.
Además, fueron decomisadas 69.524 especies ictícolas, en cumplimiento de la Ley Provincial 12.212, de manejo sustentable de los recursos pesqueros.
A su vez, la fuerza policial también decomisó 905.450 kilos de leña, 284.345 kilos de carbón,75.700 kilos de vigas, y 19.000 kilos de trosillos, en el marco de la Ley Nacional 13.273, de defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques.
Los Pumas también intervinieron en nueve hechos de maltrato y crueldad hacia los animales, donde quedaron imputadas siete personas, como establece la Ley Nacional 14.346, de protección a los animales, que establece la pena de prisión de 15 días a 1 año para quien infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.
