La medida cautelar fue dispuesta por el juez Rodolfo Mingarini a pedido de la fiscal Rosana Marcolín. El imputado es WGS de 50 años a quien se le atribuyó la autoría de los delitos de reducción a la servidumbre, lesiones, amenazas, corrupción de menores y desobediencia a un mandato judicial.
Un hombre de 50 años cuyas iniciales son WGS quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Rosana Marcolín por delitos cometidos en perjuicio de la pareja que es su pareja y de los siete hijos –menores de edad– de ambos. Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rodolfo Mingarini, a raíz del pedido formulado por la funcionaria del MPA en una audiencia de medidas cautelares realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El hombre investigado fue imputado por la fiscal Marcolín como autor de los delitos de reducción a la servidumbre; lesiones leves calificadas y amenazas coactivas en contexto de violencia de género; corrupción de menores calificada por haber mediado violencia y la calidad de ascendiente del autor; y desobediencia a un mandato judicial.
Prisión preventiva
“Los hechos ilícitos fueron cometidos en San Javier, en Colonia Francesa y en la ciudad de Santa Fe. Si bien la investigación comenzó en mayo de 2017, los delitos venían perpetrándose desde que empezó la convivencia entre el imputado y su pareja hace 18 años. Se trata de un caso de un grado de violencia inusitada que ejercía el hombre que quedó en prisión preventiva en perjuicio de la mujer y de los siete hijos de ambos”, informó la fiscal Marcolín.
La funcionaria del MPA agregó que “a partir de la judicialización de los hechos delictivos, desde la Fiscalía solicitamos la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, por distintos motivos, en tres oportunidades en primera instancia ordenaron su libertad con prohibición de acercamiento a sus hijos”. En tal sentido, la fiscal indicó que “el imputado siempre se las ingenió para incumplir esa medida de distancia. Incluso, la pareja del hombre y madre de los niños, se retractó de haberlo denunciado y comenzó también a intentar contactarse con los menores”.
“Los niños están en un hogar de la subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. A pesar de la medida de distancia resuelta judicialmente, el imputado los persiguió cuando iban a la escuela, los contactó en la calle y les dio teléfonos celulares para llamarlos y hasta llegaron a presentarse en la vivienda en la que están los menores y quiso violentar la puerta de ingreso”.
En cuanto al derrotero judicial de la investigación, la fiscal Marcolín indicó que “apelamos las tres resoluciones de primera instancia en las que se ordenó la libertad del imputado, y por eso llegamos a una nueva audiencia en la que debatimos la prisión preventiva y el juez Mingarini la ordenó”.
Los hechos
El desencadenante que motivó que la mujer denunciara a su pareja ocurrió el sábado 6 de mayo del año pasado. “WGS vendió una de las cuatro cuchetas –con sus respectivos colchones y cobijas– que había recibido del gobierno nacional y que era usada por sus hijos. La mujer le reclamó al imputado que los niños estaban durmiendo en el piso, a lo cual el hombre le respondió con golpes en las costillas, le prendió fuego el cabello con un encendedor, la golpeó con un cargador de celular y la amenazó a ella y a los menores”, recordó Marcolín.
La fiscal del MPA también relató que “el hombre investigado miraba pornografía y cometía actos impúdicos en presencia de sus hijos. Además, mediante amenazas, insultos y golpes desde 2014, logró que su concubina y sus hijos guarden silencio y no lo denuncien”, precisó Marcolín.
La fiscal también detalló que durante los últimos tres años, a través de amenazas, golpes e insultos constantes, obligaba diariamente a su pareja y a su hijo de 14 años que consiguieran el sustento diario, los privaba constantemente de alimentos y les ordenaba que durmieran en el piso. “Cuando iban en lancha a la isla, el imputado obligaba a la mujer que mirara el piso de la embarcación, y cuando levantaba la vista, la arrojaba al río a pesar de que la mujer no sabía nadar”. En tal sentido, Marcolín relató que “el imputado también le había prohibido a la mujer salir de la casa en la que viven, incluso para ir al baño que está ubicado en el patio de la vivienda”.
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