El encuentro se llevó a cabo en la
sede de la Fiscalía General del MPA en la ciudad de Santa Fe. Participaron
funcionarios judiciales, legisladores, autoridades provinciales y policiales.
La Junta Provincial de Seguridad se
reunió hoy en la sede de la Fiscalía General del MPA en la ciudad de Santa Fe.
El encuentro comenzó minutos después de las 9:00 y el tema debatido por las
autoridades fue la posibilidad de que la provincia de Santa Fe cuente con una
ley de narcomenudeo.
Al finalizar el encuentro, el ministro
de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, dialogó con la prensa y
brindó detalles acerca de lo debatido. “Escuchamos opiniones divergentes y el
tema fue discutido en profundidad”, afirmó el funcionario. También hizo
hincapié en que “quedó claro que cualquier tipo de adhesión no implicaría
perseguir al consumidor, sino a las personas que tienen bunker de drogas”.
Silberstein se refirió al planteo
acerca de los recursos humanos y económicos necesarios para la implementación
de la ley. “Los fiscales manifestaron la necesidad de tener más recursos”,
sostuvo. “La aplicación de la ley sería progresiva y se iría evaluando la
cantidad de recursos necesarios. La decisión del gobierno provincial es que si
hacen falta recursos, se otorgarán”, respondió.
Acerca de la creación de juzgados
federales, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos opinó que
“no es una solución. El juzgado federal de Venado Tuerto tardó cuatro años en
crearse, y el problema de violencia vinculada al narcotráfico es de hoy”. No
obstante, reconoció que “sin perjuicio de los tiempos, es una buena decisión
del gobierno nacional la creación de más juzgados y fiscales federales”.
Por último, el ministro dijo que
“fiscales federales y fiscales provinciales ya están trabajando conjuntamente
en el tema. Y esta labor que vienen realizando se ampliará”. Además, valoró “el
sistema penal de la provincia” y aseguró que “permite realizar una persecución
centralizada que no permite el sistema nacional”.
Opinión del Fiscal General
El titular del MPA, Jorge Baclini,
entregó a los presentes un documento titulado “Desfederalización y el
narcotráfico” en el que manifiesta su opinión acerca del tema.
Baclini sostiene que “si se analiza el
mapa de las provincias que desfederalizaron la investigación penal de algunos
delitos relacionados con los estupefacientes, inmediatamente se observa que
Santa Fe ha quedado como una isla, puesto que adhirieron las provincias de
Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero”. En tal sentido, agrega
que “se infiere como viable que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley”.
“Esto no es nuevo, en tanto hoy la ley
ya regula la punición para estos delitos, no obstante lo que se propone es
optimizar esta persecución de microtráfico para dejar el camino despejado –por
la reducción notable del trabajo– para que la justicia federal pueda focalizar
su persecución en el narcotráfico y en el lavado de activos”, entiende Baclini.
También afirma que “no se pretende
perseguir al consumidor ni mucho menos al microtráfico, sino que se considera
útil desbaratar todo el comercio que gira en torno al microtráfico, por cuanto
cuando se ataque en cantidad ello repercutirá en la economía delictiva, más
allá que la investigación puede ser la llave para abrir la puerta para llegar a
la cocina e incluso al narcotráficante, hipótesis en las cuales se dará
intervención a la justicia federal”.
“Desde el punto de vista constitucional
y práctico, es conveniente que la jurisdicción provincial se encargue en forma
completa de todo lo relacionado con los delitos vinculados con el narcotráfico
y el tráfico al menudeo de estupefacientes”, sostiene. En tal sentido, reconoce
que “ninguna ley penal disminuye la comisión de delitos, mucho menos delitos
que están relacionados con contextos sociales, educativos, culturales y
económicos con serias deficiencias estructurales. Trabajando estos temas sí se
podría comenzar a conversar de soluciones”.
Baclini también refiere a los recursos
necesarios para una posible implementación y puesta en marcha de la ley. “Es
menester que se dispongan nuevos recursos humanos (designación de jueces,
fiscales y empleados para toda la provincia) que sean asignados en forma
específica para esta nueva labor”, concluye.
Oficina de Prensa y Difusión MPA
